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DELITO FISCAL

El delito fiscal comporta penas de prisión de uno a cinco años cuando la cuantía defraudada supera los 120.000 euros. Existe la posibilidad de eludir la responsabilidad penal si se regulariza la situación tributaria antes de la notificación del inicio de actuaciones por parte de la Administración

Los supuestos más habituales de nuetras intervenciones como Abogados Penalistas en los procedimientos seguidos en los juzgados de lo penal por delito fiscal son, entre otros:

- Elusión de pagos
- Obtención indebida de devoluciones
- Disfrute ilícito de beneficios fiscales
- Infracción de normas tributarias
- Omisión del deber de declarar
- Defraudación tributaria
- Actos o negocios simulados
- Responsabilidad de las personas jurídicas
- Agravante de organización
- Excusas absolutorias
- Economía de opción
- Regularizaciones
- Prescipción del delito fiscal
- Delito contra la seguridad social
- Delitos de fraude de subvenciones
- Delito contable
- Delito contra la Hacienda de la Unión Europea

Delitos contra la Hacienda Pública en el Código Penal:

Artículo 305.

1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo.

La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

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